ENTRE POLÍTICAS RESTRICTIVAS Y LA RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES MIGRANTES

Por Diego Torres

Hablar de migración al cierre de este 2025, implica reflexionar sobre los acontecimientos más relevantes que han marcado la movilidad humana en la región. El fenómeno migratorio, continúa siendo profundamente complejo y hoy se encuentra determinado en gran medida, por las políticas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump. Sus acciones y discursos, han colocado nuevamente a las personas migrantes en el centro del debate público; imponiendo un clima adverso caracterizado por medidas restrictivas y un enfoque abiertamente xenofóbico.

Hablar de migración, en la era Trump, exige analizar las medidas que su administración probablemente profundizará aún más en los próximos meses: la expansión de centros de detención, el incremento de agentes del ICE y ajustes presupuestales que, aun sin dirigirse directamente contra la población migrante, serán utilizados para justificar narrativas de confrontación. Asimismo, la renegociación del T-MEC, seguirá incidiendo en las condiciones que obligan a miles de personas a migrar, especialmente en sectores como el campo mexicano; históricamente afectado por las asimetrías comerciales con Estados Unidos.

Hablar de migración, en el ámbito laboral, implica visibilizar las violaciones sistemáticas a los derechos de las y los trabajadores indocumentados. Muchas personas, debido al desconocimiento o al temor, no denuncian abusos laborales. Incluso aquellos que cuentan con permisos de trabajo, enfrentan prácticas de explotación, son incluidos en listas negras y mecanismos informales, que les impiden acceder nuevamente al empleo en el exterior si exigen susderechos. Esta realidad, se desarrolla en un contexto de limitada respuesta institucional, por parte del Estado mexicano.

Hablar de migración, en el marco de la revisión del T-MEC, abre una oportunidad para exigir que las y los trabajadores, sean incluidos en los procesos de negociación. Tanto aquellos que laboran en México —y que podrían migrar si no se corrigen las desigualdades estructurales del tratado— como los trabajadores temporales en Canadá y Estados Unidos, que requieren que sus derechos sean garantizados de manera efectiva. La persistencia de esquemas laborales, que se asemejan a formas modernas de servidumbre, evidencia la urgencia de una intervención estatal más decidida.

Hablar de migración, en un periodo tradicionalmente asociado, con lo que denominamos “caravanas migrantes inversas” —migrantes con documentos, que viajan temporalmente de norte a sur, para las fiestas de fin de año— permite observar que, incluso este grupo se ha visto afectado por el endurecimiento de las políticas estadounidenses. Trabajadores temporales, residentes legales e incluso ciudadanos de ascendencia latina, han evitado viajar fuera de Estados Unidos, por temor a enfrentar obstáculos en su regreso.

Hablar de migración, frente a los flujos migratorios, que aunque reducidos momentáneamente por el ambiente de incertidumbre, persistirán mientras prevalezcan la pobreza y la violencia —no necesariamente ligada la una con la otra— en distintas regiones del país, nos obliga a reconocer la creciente influencia del crimen organizado, en la movilidad irregular. La migración se ha convertido, en un mercado ilícito altamente rentable; lo que dificulta su erradicación y agrava las vulneraciones a los derechos de las personas en tránsito.

Hablar de migración, también implica reconocer que, ni Estados Unidos, ni México, han demostrado —ni demostraran— voluntad suficiente para atender de fondo la problemática de la movilidad humana irregular. En Estados Unidos, la migración indocumentada provee mano de obra barata y alimenta industrias como los Centros detención privados, el campo, el sector de servicios y la construcción. En México, las remesas —que representan más de sesenta mil millones de dólares anuales— han generado una dependencia estructural que, desincentiva políticas integrales de retorno y reintegración. Simultáneamente, el crimen organizado continúa lucrando a través del tráfico, la extorsión, el secuestro, el uso forzado de migrantes en actividades ilícitas y la trata de personas.

Hablar de migración, en relación con los grupos en situación de vulnerabilidad, obliga a reconocer los rezagos estructurales que enfrentan las mujeres, los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes y las personas LGBTQ+. La falta de oportunidades, la discriminación y la violencia múltiple, las obliga a migrar; exponiéndolas a riesgos adicionales durante su tránsito y llegada.

Hablar de migración, es además, advertir a la comunidad migrante sobre el escenario complejo que, se proyecta para los próximos meses. No obstante, la historia demuestra que las comunidades migrantes, han sido capaces de organizarse, resistir y avanzar; incluso frente a contextos adversos. En Estados Unidos, diversos sectores sociales han comenzado a manifestar su rechazo a las políticas de Trump, como lo evidencia la movilización “No King”, que ha contribuido a visibilizar la importancia, de defender los derechos de las personas migrantes.

Hablar de migración, en la antesala de un nuevo año, nos permite hacer un llamado al Estado mexicano, para que fortalezca los mecanismos de apoyo a las personas migrantes detenidas y al mismo tiempo, impulse políticas que faciliten oportunidades económicas, laborales y sociales que permitan el retorno regular, ordenado y voluntario de quienes así lo deseen.