EL NEGOCIO DE LA DETENCIÓN MIGRATORIA

Por Diego Torres

El crecimiento acelerado de los centros de detención migratoria en Estados Unidos, no responde a una política de control migratorio eficiente, sino a la consolidación de una industria que lucra con el encierro, la criminalización y la deshumanización de las personas migrantes. Detrás del discurso de las “deportaciones masivas”, se esconde un modelo económico que convierte la privación de la libertad, en un negocio multimillonario.

La industria de los centros de detención en Estados Unidos, continuará creciendo en los próximos años. Este crecimiento, traerá consigo un aumento exponencial de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, así como, más vidas perdidas bajo custodia de las autoridades migratorias. Detrás del discurso xenófobo de Donald Trump sobre deportaciones masivas, se oculta un propósito aún más oscuro: lucrar con la desgracia de quienes han sido despojados de todo para obligarlos a abandonar sus comunidades y a quienes ahora, se les arrebata también el derecho a la libertad.

Ya en la década de los setenta, Angela Davis denunciaba este problema, al señalar que el sistema carcelario estadounidense, no podía entenderse como un mecanismo de justicia, sino como una continuidad histórica de la esclavitud. En su texto From the Prison of Slavery to the Slavery of Prison, retomaba a Frederick Douglass, quien en 1846 afirmaba que “la esclavitud en Estados Unidos, es la concesión de ese poder por el cual, un hombre ejerce y hace cumplir un derecho de propiedad sobre el cuerpo y el alma de otro”. Tras la abolición formal de la esclavitud en 1865, el sistema encontró nuevas formas de preservar esa lógica de dominación, mediante el encarcelamiento masivo y la criminalización de poblaciones racializadas. Desde entonces y hasta la fecha, la activista, ha denunciado de manera constante la expansión de la industria carcelaria, —incluidos los centros de detención migratoria— sin que se hayan producido cambios estructurales capaces de frenar el crecimiento de este modelo de encierro, con fines de lucro.

La comunidad afroamericana, continua siendo sometida bajo distintos mecanismos de control. Actualmente, las estadísticas indican que alrededor de 2.3 millones de personas, se encuentran privadas de la libertad cada día en prisiones federales, estatales y cárceles locales. En 1998, la población negra representaba cerca del 50 % de las personas encarceladas; hoy esa cifra ronda el 33 %, mientras que la población hispana representa aproximadamente el 23 %. El papel de las prisiones como instrumentos de perpetuación de la esclavitud moderna, ha impactado históricamente de manera desproporcionada a la comunidad negra. Los hispanos, si bien también han sido afectados por el sistema penitenciario tradicional, han sido absorbidos de manera creciente, por el sistema de detención migratoria.

El uso de centros de detención para migrantes, se remonta a la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando más de 120 mil personas de ascendencia japonesa (de las cuales aproximadamente dos tercios eran ciudadanos estadounidenses nacidos en el país) fueron enviadas a centros de detención. Este modelo, reaparece en los años ochentas, durante el éxodo cubano y haitiano, pero es en la década de 1990, cuando se inicia formalmente el esquema que conocemos hoy. Estos centros, que nacieron bajo un componente claramente racista al encarcelar de manera desproporcionada a hombres latinos y negros; se transformaron con el tiempo en un negocio altamente rentable, que ha generado ganancias multimillonarias para empresas privadas.

En 2024, GEO Group y CoreCivic (los dos gigantes del negocio carcelario) reportaron ganancias superiores a los dos mil millones de dólares. En 2025, estas cifras se incrementaron aún más. Un estudio del Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes (NIJC), señala que los centros de detención en operación, registraron un aumento del 69 %. Este crecimiento, contrasta con la narrativa oficial de deportaciones masivas: si el objetivo real fuera únicamente deportar, no se justificaría la expansión de la infraestructura de detención. El verdadero interés, radica en el uso de los 29.9 mil millones de dólares asignados en el One Big Beautiful Bill Act, para las operaciones de control y detención del ICE.

Otro aspecto fundamental, son las graves irregularidades documentadas en los centros de detención migratoria. Informes de organizaciones como: Americans for Immigrant Justice, Human Rights Watch y Sanctuary of the South, denuncian condiciones inhumanas, hacinamiento, falta de atención médica adecuada y tratos denigrantes y en algunos casos mortales. A mediados de abril, 45 de los 181 centros autorizados, superaban su capacidad contractual. Dado que estos centros cobran por persona detenida, la sobrepoblación se convierte en un incentivo económico, detonando violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Las proyecciones para 2026, indican que la expansión continuará. Nuevos centros se construirán en condiciones extremas, como el denominado “Alcatraz de los Caimanes”, un complejo de tiendas de campaña levantado en apenas ocho días, sin importar la preocupación sobre su seguridad y habitabilidad. Testimonios de personas detenidas y organizaciones de derechos humanos, describen condiciones precarias: reflujo de aguas fecales, temperaturas extremas, cortes constantes de energía y carencia de servicios básicos. A esto, se suma la reconversión de prisiones estatales en centros de detención migratoria, como los casos de Nebraska y Tennessee.

De acuerdo con datos del ICE, 2025 cerró con 68,442 personas detenidas, en 216 centros. Hasta mediados de diciembre, se reportaron 30 muertes bajo custodia migratoria, incluidas las de dos migrantes asesinados por un francotirador en instalaciones de Dallas. Se trata de la cifra más alta registrada desde 2004. La correlación es clara: a mayor número de centros de detención, mayor número de irregularidades y en consecuencia, más vidas migrantes pérdidas.

Todo indica que 2026, será un año en el que se consolide el esquema de centros de detención; un modelo donde cientos de miles de personas migrantes, enfrentarán un aparato estatal que lucra con su encierro y vulnera sus derechos más básicos. Tal vez, no se materialicen las deportaciones masivas prometidas, pero las detenciones, sí alcanzarán cifras históricas. Más que una política migratoria, lo que se consolida es una industria del castigo.