Forcibly

Por Diego Torres

 La fuerza, ha sido un elemento clave en las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), bajo la administración Trump. La violencia, por parte del gobierno se ha intensificado tanto hacia la comunidad migrante, como a los propios ciudadanos estadounidenses. Y, en ese contexto, la palabra forcibly (por la fuerza) se ha convertido en el eje jurídico, para justificar las detenciones, amenazas y hostigamiento hacia activistas, observadores y manifestantes.

El Departamento de Justicia, encabezado por Pam Bondi, utiliza la ley 18 U.S.C. § 111 para reprimir a activistas defensores de migrantes. La Sección 111 del Título 18 está diseñada, para castigar a cualquiera que “ataque por la fuerza, resista, se oponga, impida, intimide o interfiera con cualquier persona designada en el 18 U.S.C. § 1114 o que anteriormente se desempeñó como persona designada en el § 1114, mientras participa en o con motivo del desempeño de sus funciones oficiales”.

El problema no es solo la ley, sino su descontextualización: estirando al límite el término forcibly (fuerza), para justificar la represión y hostigamiento contra manifestantes en los operativos que ICE está implementando a lo largo de todo el país. Esta práctica, se vuelve una constante de las acciones emprendidas por el gobierno trumpista: convertir la presencia ciudadana, la protesta y la observación pública en “interferencia” y la crítica en “amenaza”.

La defensa, se intensificó después de que ICE, iniciara detenciones arbitrarias y violentas en Minnesota; manifestaciones que se intensificarían después del homicidio de Renne Good, el pasado 7 de enero y aún más, con el asesinato de Alex Pretti el 24 de enero, ambos ciudadanos estadounidenses. Tras esos sucesos, las protestas aumentaron y esto obligó a un aparente cambio en la política opresora de Trump.

En una entrevista en la Oficina Oval, Trump dijo que su gobierno “podría ser un poco más suave” en sus acciones, seguido por la afirmación de que “aún hay que ser duros”. Esto significó que las detenciones continuarán, pero buscando no entrar en confrontaciones con los ciudadanos; y la dureza se aplicaría haciendo un uso desvirtuado de la ley en contra de quienes se manifiestan contra las acciones del gobierno. Videos publicados en redes sociales, muestran a agentes de ICE amenazando a manifestantes con ser detenidos si continúan con sus protestas, diciendo que estas protestas son un ataque directo hacia ellos.

Estas aseveraciones chocan directamente con la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión. En otras palabras: se pretende convertir un derecho constitucional en una provocación y la protesta en un delito.

Esta misma lógica —la del argumento de “fuerza” y “seguridad” como justificante total— se refleja en otras decisiones del gobierno. Tal es el caso, de la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, con la que el gobierno de Donald Trump, justifica deportaciones rápidas de migrantes a terceros países, entre los que destacan Ruanda y El Salvador, así como deportaciones expeditas, impidiéndoles a los migrantes su derecho al debido proceso.

El patrón se repite: cuando la ley estorba, se interpreta de manera extrema; cuando la realidad contradice el discurso, se impone el relato por la vía de la fuerza o la amenaza.

La represión de ICE hacia las mujeres, es otra constante. Las últimas palabras de Renne Good, captadas por la cámara corporal del agente Jonathan Ross, quien segundos después le dispararía, fueron: “No pasa nada. No estoy enfadada contigo”. Fueron respondidas de manera contrastante por este agente, con un “Maldita perra”, después de haberle disparado en tres ocasiones.

Otro caso es el del agente Charles Exum, quien alardeó en un mensaje de texto enviado a sus compañeros donde presumía haber disparado cinco veces a una mujer en Chicago el 4 de octubre del 2024; para posteriormente detenerla y acusarla de haber embestido la unidad que conducía en busca de migrantes para detenerlo; posteriormente salió a la luz el video de la unidad conducida por los agentes de ICE, donde claramente se ve que quienes embistieron fueron ellos.

Lo lamentable de estos casos, no es solo el hecho de que individuos realicen estas acciones atroces, sino la cultura de violencia, alentada por altos personajes del gobierno: desde Kristy Noem, Pam Bondi e incluso el mismo Trump.

Un caso específico, donde se ha utilizado la ley 18 U.S.C. § 111 contra mujeres, es el reportado por la agencia Reuters el 10 de febrero, que informó la detención de Becky Rinstrom, realizada por lo menos por media docena de agentes enmascarados, para después ser trasladada al Edificio Federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis, donde se le acusó bajo la ley federal por obstrucción a la aplicación de la ley.

La escena es reveladora: agentes enmascarados, una detención con fuerza y luego el encuadre jurídico que, convierte el acto de observar, protestar o cuestionar en “obstrucción”. La palabra forcibly, termina funcionando como puente entre la intimidación física y la criminalización.

La violencia desatada en esta ola de terror por ICE, golpea directamente a las mujeres, sin importar su estatus: ya sea en la degradación de su dignidad, las agresiones e incluso el homicidio de ciudadanas estadounidenses y por supuesto de las mujeres migrantes. En ese marco, el uso desvirtuado de la ley 18 U.S.C. § 111 —y la expansión interesada del término forcibly— no solo persigue “control”; busca imponer miedo, disciplinar la protesta y debilitar la solidaridad. Cuando la fuerza se vuelve política pública y la ley se usa como garrote, el mensaje no es justicia: es advertencia.