En medio de fuertes discrepancias con el gobierno mexicano y víctima de una campaña mediática de desprestigio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluye su trabajo de más de un año con la presentación, este domingo, del informe final sobre los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, suscitados en septiembre de 2014.

Para los padres de familia de los normalistas, el Grupo de Expertos prácticamente “ha sido echado del país” por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues consideran que el mandato que le dio origen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –la localización de los 43 estudiantes desaparecidos— no ha concluido.

El gobierno federal, tanto en voz Peña Nieto como del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha argumentado que la presencia del GIEI en México se acordó desde un principio con una temporalidad, que incluso fue ampliada a un segundo periodo de seis meses, el cual termina este 30 de abril. La administración federal ha dicho que espera las conclusiones de los expertos.

A lo largo de sus investigaciones, los cinco miembros del GIEI han concluido que no hay evidencia científica para asegurar que los 43 normalistas desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014 hayan sido ejecutados e incinerados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero, que era el principal argumento de la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR). Además, develaron la existencia de un quinto autobús de pasajeros donde viajaban normalistas y que a pesar de formar parte de las indagatorias, su importancia no se había difundido.

En este año de trabajo, los expertos solicitaron insistentemente y de diversas formas entrevistar de manera directa a los militares que estuvieron presentes en los escenarios donde se dieron los hechos de Iguala -que dejaron seis muertos, varios lesionados y 43 normalistas desaparecidos, presuntamente a manos de policías municipales en colusión con integrantes del crimen organizado-, pues sus declaraciones son esenciales para el caso. Petición que el gobierno nunca atendió. Éste fue el inicio de una serie de desencuentros entre el GIEI y las autoridades federales.

Todavía el jueves pasado, Angela María Buitrago, una de los cinco integrantes del GIEI, enfatizó que la investigación por este caso –que conmovió a la ciudadanía tanto en el país como a escala internacional— “apenas comienza”. Esto porque desde su visión existen altos niveles de oscuridad y opacidad que no se han podido resolver. Agregó que por ello toca a la sociedad mexicana exigir que efectivamente se investiguen los hechos hasta esclarecerse totalmente. “No son sólo 43, es un país” en condiciones similares.

En marzo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dio a conocer el peritaje multidisciplinario que practicó por ocho meses en el basurero, en el que concluye: “No es posible que en el sitio hayan sido incinerados y ejecutados los 43 estudiantes normalistas desaparecidos”.

Ya desde su primer informe, presentado en septiembre de 2015, el GIEI refutó con argumentos basados en la ciencia la llamada “verdad histórica” de la PGR. Esto obligó al gobierno federal a solicitar un nuevo peritaje en el tiradero de Cocula. Los resultados de este nuevo ejercicio –no concluyentes— realizado en un mes por el Grupo Colegiado de Expertos en Fuego y presentados el pasado 1 de abril, señalan que “sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones” en ese lugar, donde al menos “17 seres humanos adultos fueron quemados”.

En respuesta, el GIEI consideró roto el acuerdo sobre el tercer peritaje debido a que la PGR lo difundió “de manera unilateral” -el acuerdo para publicitar todo lo referente al caso asienta que las tres partes: gobierno federal, GIEI y familiares de las víctimas, deben conocer la información previamente y aceptar su difusión—, además que se trataba de resultados preliminares.

Este hecho marco aún más las discrepancias que desde hace unos meses hay entre el GIEI y los padres de los normalistas con el gobierno federal, iniciado a finales del año pasado con una campaña mediática principalmente contra los expertos, en la que la administración de Peña Nieto fue complaciente aún con las exigencias de organismos internacionales en el sentido de que frenara esos ataques y se pronunciara al respecto.

Otro elemento que abonó al desencuentro fue la difusión por parte de la PGR de una denuncia contra el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, que fue interpuesta por José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, por presunto fraude en perjuicio de la Federación por casi 2 millones de dólares entregados por el gobierno federal para la investigación del caso Ayotzinapa.

Ante estos ataques, la propia CIDH emitió un pronunciamiento el 29 de marzo en el que rechazó de manera categórica la campaña de desprestigio contra el GIEI y defendió la probidad de su secretario ejecutivo, al calificar de “infundada y temeraria” la denuncia penal en su contra.

Por su parte, el gobierno federal fue terminante: ya no se ampliará el mandato del GIEI, por lo que se está a la espera de su informe final. La expresión más reciente en ese sentido la hizo peña Nieto durante su gira de trabajo por Dinamarca, la semana pasada.

En respuesta a la posición gubernamental, el 15 de abril la CIDH señaló que al no existir las condiciones en México para la permanencia del GIEI, esta instancia se retirará del país al concluir su mandato y en su lugar se creará un mecanismo especial que dé seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones, aún por definirse.