La Ley “Dignidad”: Esclavitud con otro nombre

Desde la promulgación de la Ley Simpson-Rodino en 1986, mejor conocida como la Amnistía del 86, múltiples esfuerzos bipartidistas han intentado “reformar” el sistema migratorio de Estados Unidos. Pero ninguno había sido tan descarado en su intento de institucionalizar un sistema moderno de esclavitud bajo el falso discurso de otorgar “dignidad” a las personas migrantes, como lo hace la propuesta de ley presentada el 15 de julio.

Ese día, un grupo bipartidista encabezado por las congresistas María Elvira Salazar (republicana por Florida) y Verónica Escobar (demócrata por Texas) presentó ante la Cámara de Representantes la llamada Ley Dignidad (H.R. 4393), una versión actualizada de un proyecto impulsado en 2021 por Salazar. Pese a que varios medios la han señalado como una “propuesta seria”, basta con revisar su contenido para revelar el verdadero rostro del bipartidismo estadounidense en materia migratoria: desprecio, explotación y supremacismo institucionalizado.

Detrás del discurso de “orden” y “dignidad”

El proyecto de ley se sustenta en cinco ejes: (1) poner fin a la migración irregular, (2) reformar el sistema de asilo, (3) ofrecer una “solución digna” a los migrantes indocumentados, (4) proteger a los trabajadores estadounidenses y (5) asegurar el crecimiento económico del país.

Pese a que la probabilidad de que esta ley sea promulgada es baja, su contenido es revelador: expone la continuidad del proyecto imperial estadounidense, su hipocresía y su desprecio por la vida migrante. Se acusa con frecuencia a Donald Trump de xenófobo, pero tanto demócratas como republicanos mantienen una política profundamente racista, que busca institucionalizar el trabajo forzado de millones de personas que llevan décadas en situación de vulnerabilidad.

Afirman que quieren “poner fin a la migración ilegal”, pero omiten mencionar que las verdaderas causas de los desplazamientos —la intervención estadounidense en América Latina, el saqueo de recursos, la violencia promovida por sus intereses geoestratégicos y el financiamiento al crimen organizado— continúan. No es un problema migratorio, es un sistema de despojo que produce migrantes y luego criminaliza su existencia.

La falacia de la “solución digna”

El corazón de esta ley, radica en la creación de un sistema de explotación legalizada: se cobraría una multa de 7 mil dólares a cada persona migrante indocumentada, con siete años para pagarla. A esto se le sumaría una retención perpetua del 1% del salario, sin derecho alguno a beneficios sociales, aunque se les obligue a pagar todos los impuestos atrasados. Una lógica brutal: exprimir al migrante hasta que ya no sea útil y luego desecharlo mediante la deportación.

¿Dónde está la dignidad en eso?

Además, se niega el derecho al asilo a quienes no sean “convenientes” para la economía estadounidense. El objetivo ya no es proteger vidas humanas, sino seleccionar mano de obra útil según los criterios de los empresarios.

Un sistema diseñado por los oligarcas

No sorprende que detrás del proyecto estén las cúpulas empresariales que, sin pudor, redactan leyes a su medida. La ley se disfraza de protección a los trabajadores estadounidenses, pero en realidad impone un nuevo tributo sobre los migrantes para financiar a las industrias nacionales. No es el Estado el que subvenciona a su clase trabajadora, sino el migrante explotado.

Esta es una ley pensada no para regularizar, sino para esclavizar. Un régimen donde la explotación se vuelve legal, donde el trabajador migrante sirve sin cadenas visibles, pero atado a un sistema que se lucra con su miedo, su silencio y su sudor.

Una teología del cinismo

Más ofensivo aún es que esta legislación afirme basarse en “principios bíblicos de dignidad”. Este uso cínico de la fe para justificar la opresión ofendería incluso a Jesús de Nazaret. No es dignidad lo que ofrecen, sino castigo. No es ley, es abuso.

Este proyecto de ley no busca restaurar el orden migratorio, busca instaurar un nuevo orden esclavista. Es la máscara amable del neoliberalismo decadente que, incapaz de sostenerse por sus propios medios, recurre a la vieja fórmula: explotar a los pobres para sostener el privilegio de los ricos.

Hoy más que nunca, urge denunciar este tipo de propuestas. Urge levantar la voz desde los movimientos populares, las organizaciones migrantes y los pueblos hermanos del sur. La lucha por la dignidad migrante no se libra en los pasillos del Congreso estadounidense, sino en las calles, en los campos, en los centros de detención, y en cada espacio donde una persona migrante resiste la lógica de la esclavitud moderna.

Puntos clave de la Ley DIGNIDAD

1. Asegurar la frontera y restaurar la ley y el orden

• Exige el uso obligatorio de E-Verify a nivel nacional.
• Logra control operativo de la frontera sur con una estrategia integral.
• Construye barreras físicas mejoradas y usa tecnología avanzada.
• Contrata miles de agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza y oficiales de CBP.
• Implementa políticas contra el cruce ilegal y rastreo de “spotters” criminales.
• Aumenta sanciones contra traficantes de personas y abusadores sexuales de menores.
• Fuertes sanciones a quienes cruzan o ayudan a cruzar ilegalmente.
• Autoriza al DHS a usar pruebas de ADN para verificar vínculos familiares.
• Mejora la seguridad en los puertos de entrada y agiliza el comercio legal.

2. Reforma el sistema de asilo

• Acelera los procesos y elimina la política de “catch-and-release”.
• Crea al menos tres Campus Humanitarios para procesar a solicitantes de asilo en la frontera sur.
• Los solicitantes permanecerán en los centros humanitarios con libertad de movimiento y servicios integrales.
  • Decisión de asilo en 60 días: entrevista inicial en 15 días y decisión final en 45.
• Abre centros migratorios en América Latina para evitar caravanas y ofrecer reunificación familiar.
• Penaliza severamente las solicitudes de asilo fraudulentas.
• Crea una política de dos infracciones para quienes crucen fuera de los puntos oficiales.

3. Dar DIGNIDAD a los inmigrantes indocumentados

• Dreamers y receptores de DACA reciben residencia condicional por 10 años, con vía a residencia permanente basada en trabajo, servicio militar o estudios.
• Establece el Programa Dignidad para indocumentados presentes desde antes del 31 de diciembre de 2020.
  • Requisitos:
    • No tener antecedentes penales.
    • Cumplir con todas las leyes federales y estatales.
    • Pagar todos los impuestos atrasados.
    • Pagar una restitución de $7,000 en un plazo de 7 años.
    • Presentarse ante el DHS cada 2 años.
  • No otorga acceso a beneficios federales.
  • Sin vía a residencia permanente ni ciudadanía.
• Al completar el programa, se puede solicitar el Estatus de Dignidad:
  • Tiene autorización de trabajo, protección de la deportación y autorización de viaje.
  • Se puede renovar indefinidamente si la persona mantiene buena conducta.
  • Aún no otorga acceso a residencia permanente ni ciudadanía.
  • No tiene que pagar más.

4. Dignidad para los trabajadores estadounidenses

• Crea el Fondo del Trabajador Estadounidense financiado por los pagos de restitución.
  • Por cada participante del Programa Dignidad, se capacitarán al menos un trabajador estadounidense.
    • Inversión total estimada: $70 mil millones.
  • Ofrece becas con el objetivo de formación laboral y aprendizaje en oficios en alta demanda.

5. Impulsar la prosperidad y competitividad de EE. UU.

• Moderniza el sistema migratorio legal y reduce atrasos.
  • Permite pagar $20,000 por procesamiento acelerado a quienes llevan 10+ años esperando visa.
  • Aumenta el límite de visas por país de 7% a 15%.
  • Permite a doctorados en STEM y estudiantes de medicina obtener visas O para quedarse y trabajar en EE. UU
  • No se cuentan hijos/esposos hacia el límite anual de visas de empleo.
  • Incluye la Ley de Familias Unidas para ayudar a hijos o cónyuges de ciudadanos en riesgo de deportación.
  • Crea una visa de visita familiar de 90 días.
  • Evita que niños legalmente presentes pierdan visas por retrasos de USCIS.
  • Requiere que estudiantes en OPT paguen impuestos FICA.
  • Cambia la visa F para permitir intención dual (estudiar y quedarse).
  • Crea un Coordinador de Inmigración para agilizar procesos entre agencias.
  • Refuerza recursos en USCIS, el Departamento de Estado y el Departamento de Trabajo para acelerar trámites.

Ningún fondo del contribuyente se usará para pagar por la Ley Dignidad.

• La infraestructura fronteriza, la modernización de los puertos de entrada, la creación de nuevos campus humanitarios, el aumento de personal y todos los costos asociados a este proyecto de ley serán financiados mediante un “Immigration Infrastructure Levy”.
  • El 1% será descontado del salario de las personas que reciban permiso de trabajo bajo el Programa Dignidad. Los fondos recaudados se depositarán en el Fondo de Infraestructura Migratoria, y se usarán para implementar esta ley y, posteriormente, reducir la deuda nacional en al menos $50 mil millones.
• El Fondo del Trabajador Estadounidense, destinado a la capacitación laboral de trabajadores nacionales, será financiado con los pagos de restitución realizados por los participantes del Programa Dignidad.

Información tomada de la página de la congresista María Elvira Salazar: https://salazar.house.gov/DIGNIDAD