El debido proceso migratorio: la brutalidad que Trump grita y otros callan

Por Diego Torres

La carrera política de Donald Trump, se ha caracterizado por un discurso violento hacia los migrantes. Ese discurso, le dio la fuerza y el apoyo suficiente para llegar, en dos ocasiones distintas, a la presidencia de Estados Unidos. Una vez en el poder, ese discurso se transformó en acciones enérgicas contra la comunidad migrante. Su primer mandato quedó marcado por la separación de familias, bajo la política de “tolerancia cero”, implementada en 2018; y en lo que va de su segunda administración, la característica ha sido una actitud abiertamente xenofóbica, con persecuciones, detenciones, maltratos y un aumento preocupante de muertes bajo custodia migratoria.

El debido proceso, es una frase que se ha escuchado con fuerza en torno al fenómeno migratorio; sin embargo, poco se explica a qué se refiere. Durante años, millones de migrantes han sido deportados de Estados Unidos, sin saber si realmente se les respetaron sus derechos o si se siguió un procedimiento justo para su captura, detención y deportación. Es hasta ahora, bajo el gobierno de Trump, que se grita lo que antes muchos callaron: la brutalidad de un sistema migratorio estadounidense que desde hace años violenta a los migrantes ante la indiferencia internacional.

La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, protege a las personas que se encuentran dentro del territorio estadounidense para que no sean privadas de la vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal. Esta protección, alcanza también a personas no ciudadanas, que ya se encuentran dentro del país; sin importar si su presencia es legal, temporal, permanente o irregular. Sin embargo, para la comunidad inmigrante, en la práctica, esto muchas veces no se respeta.

El sistema migratorio de Estados Unidos, ha implementado mecanismos que reducen o debilitan esas garantías. Uno de ellos es la remoción acelerada, creada por la ley migratoria de 1996, durante la administración de Bill Clinton. Este mecanismo, permite que ciertos migrantes sean deportados sin una audiencia completa ante un juez migratorio. En enero de 2025, bajo la segunda administración de Trump, se volvió a ampliar su aplicación; aumentando el riesgo de deportaciones rápidas y con menor acceso a defensa.

El debido proceso no se respeta desde hace mucho tiempo, pero bajo esta administración trumpista, la realidad se volvió más visible. Derechos como la notificación adecuada, han sido violentados en diversos casos y videos, donde se observa la fuerza con la que ICE detiene a personas; muchas veces a partir del perfilamiento racial y sin que quede claro, si existe una orden real de detención. La persona detenida, carece de una oportunidad verdadera para ser escuchada; la simple percepción de un agente puede condenarla.

También hemos visto casos, en los que personas fueron deportadas de manera irregular y después los tribunales obligaron al propio gobierno estadounidense a facilitar su regreso. El caso de Kilmar Abrego García, enviado a El Salvador pese a una orden que impedía su deportación a ese país, mostró hasta dónde puede llegar el abuso cuando el aparato migratorio actúa primero y revisa después. 

Las remociones aceleradas, impiden el acceso a un procedimiento imparcial. A esto se suma el despido de jueces migratorios y el reemplazo de muchos de ellos por perfiles más cercanos a la lógica militar o de cumplimiento de la ley, lo cual pone en duda la imparcialidad del sistema. Según reportes recientes, la administración de Trump, ha despedido a decenas de jueces migratorios; mientras el Departamento de Justicia ha contratado nuevos jueces con antecedentes militares.

Con esto surge una pregunta necesaria: de los miles de migrantes deportados bajo la administración de Donald Trump, ¿cuántos fueron juzgados por un sistema realmente imparcial? Aunque en apariencia, pueda decirse que se respetó el debido proceso, en muchos casos la imparcialidad no aparece. La posibilidad de presentar pruebas se esfuma cuando las deportaciones son expeditas, cuando los casos se desestiman antes de ser revisados a fondo, o cuando los migrantes quedan indefensos frente a agentes de ICE, que los esperan afuera de las cortes migratorias. Organizaciones especializadas han documentado, que los arrestos en cortes y la desestimación de casos, se han convertido en parte de la estrategia para enviar a más personas a procesos de remoción acelerada.

La asistencia legal, es otro punto fundamental. Es cierto que, en muchos casos no es gratuita y que los migrantes deben pagarla. Pero los constantes traslados entre centros de detención, hacen casi imposible que una persona detenida pueda mantener una defensa estable. Los abogados migratorios, ya tienen costos elevados y estos costos aumentan cuando deben viajar de un estado a otro para representar a sus clientes. Esto deja a muchas personas en una situación de indefensión, frente al gobierno de Trump.

En el caso de los menores, la situación es todavía más grave. Legalmente deberían recibir mayor protección, pero desde su llegada al poder Trump, ha impulsado medidas para limitar o eliminar programas de asistencia legal para niños migrantes no acompañados. En 2025 se reportó la suspensión y terminación de fondos para programas que daban representación legal a decenas de miles de menores; muchos de ellos obligados a enfrentar solos un sistema, que ni siquiera un adulto entiende fácilmente.

El debido proceso debería proteger a los migrantes de las deportaciones arbitrarias y, en especial, de la devolución a países de donde vienen escapando. Esto es particularmente importante, para quienes han sido desplazados por la violencia. Sin embargo, en el mejor de los casos, si no son regresados directamente a sus países, son enviados a terceros países con condiciones igual de precarias o incluso peores. En la letra, puede parecer que se cumple la no devolución; en la realidad, se manda a una persona a un lugar donde queda sola, sin redes, sin protección y expuesta a nuevos peligros.

Nada de esto nació con Trump. Desde la administración de Bill Clinton, la violencia legal e institucional contra los migrantes fue creciendo. Después, Barack Obama recibió una infraestructura migratoria, ya fortalecida y la utilizó para llevar a cabo deportaciones masivas. El propio Departamento de Seguridad Nacional, reportó cientos de miles de remociones y retornos, durante los años de Obama; consolidando una maquinaria que después Trump llevó a niveles más agresivos.

La primera era de Trump, continuó con esa lógica, pero su segunda administración la ha vuelto más severa. Hoy el mensaje es más claro y más brutal: cerrar caminos, acelerar deportaciones, debilitar defensas legales y sembrar miedo en la comunidad migrante. Incluso, se han reportado metas agresivas de arrestos diarios, aunque el gobierno después las niegue o trate de matizarlas.

Por eso, hablar del debido proceso no es un asunto técnico, ni exclusivo de abogados. Es hablar de derechos humanos. Es hablar de familias separadas, de trabajadores detenidos, de niños sin defensa, de personas deportadas, sin haber podido explicar su miedo, su historia o las razones por las que huyeron.

El debido proceso, debería ser una garantía mínima. Pero para miles de migrantes, se ha convertido en una promesa vacía. Y cuando un país poderoso, decide que esa promesa no aplica para quienes considera indeseables; entonces no solo está atacando a los migrantes: está mostrando el verdadero rostro de su sistema de justicia.