Por Diego Torres

La actual administración de Donald Trump se ha caracterizado, entre otras cosas, por una embestida brutal contra la comunidad migrante. Sin embargo, cuando se informa sobre las detenciones realizadas por agentes de ICE, las muertes bajo custodia y las innumerables arbitrariedades que se cometen diariamente, se puede caer en la percepción de que son únicamente los hombres migrantes quienes las padecen.

Las mujeres y los menores, están lejos de ser una parte marginal de la persecución migratoria emprendida por Trump. La ONU estima que, en 2024, las mujeres y niñas representan alrededor del 48 por ciento de los migrantes internacionales en el mundo y cerca del 51 por ciento en Norteamérica. Es decir, hablar de migración, únicamente desde la experiencia de los hombres, deja fuera a una parte enorme de quienes migran.

La violencia que padecen mujeres, niñas, niños y adolescentes es alarmante. Por eso, importa hablar de cuántas mujeres y menores han sido detenidos, deportados, violentados en sus derechos humanos e incluso han perdido la vida. De lo contrario, esa violencia seguirá siendo invisibilizada y se les dejará, en el mismo desamparo que han padecido durante años.

Está falta de información sobre las muertes en custodia de ICE, no es nueva. En 2022, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO), en el año fiscal 2021, identificó casi mil muertes bajo custodia que potencialmente, debieron haber sido reportadas por los estados al Departamento de Justicia y no lo hicieron. 

Para tener un contexto de la situación, que enfrentan menores y mujeres durante la detención, basta mirar algunos números. Entre 2000 y 2019, la Oficina de Estadísticas de Justicia de Estados Unidos (BJS), registró 2,608 muertes de mujeres en cárceles locales. Entre las principales causas estuvieron: 589 suicidios y 377 muertes, por intoxicación con drogas o alcohol. Durante ese mismo periodo, también murieron 76 personas de 17 años o menos; 55 de ellas por suicidio.

En las prisiones estatales, entre 2001 y 2019, murieron 2,623 mujeres. Las enfermedades tuvieron un peso considerable: 673 fallecieron por cáncer, 566 por enfermedades cardiacas y 217 por suicidio. En el caso de las personas de 17 años o menos, se registraron 22 muertes; 11 de ellas fueron suicidios.

Estos datos, no corresponden específicamente al sistema migratorio y no sería correcto presentarlos como si así fuera. Pero sí muestran algo que no puede ignorarse: estar bajo custodia del gobierno, no elimina el riesgo de perder la vida. La información sobre las muertes de mujeres y menores dentro del sistema migratorio estadounidense, está dispersa entre diferentes dependencias y no siempre se publica con los mismos criterios. ICE, cuenta con reportes de fallecimientos, bajo custodia; mientras que CBP y otras agencias mantienen sus propios registros. Eso dificulta construir una fotografía histórica completa. Aun así, la información que existe, permite acercarnos al problema.

Casos oficialmente documentados:

1. Augustina Ramírez-Arreola, de 62 años y originaria de México, murió en 2018, después de haber sido hospitalizada, mientras se encontraba bajo custodia de ICE.
2. Roxsana Hernández, de 33 años y originaria de Honduras, mujer trans, murió el 25 de mayo de 2018, después de enfermar gravemente, mientras se encontraba bajo custodia migratoria.
3. María Celeste Ochoa Yoc de Ramírez, de 22 años y originaria de Guatemala, murió en 2020, mientras se encontraba bajo custodia de ICE. La causa oficial fue hepatitis autoinmune, complicada por choque séptico y falla hepática aguda.
4. Elba María Centeno Briones, de 37 años y originaria de Nicaragua, murió en 2021, después de ser hospitalizada mientras estaba bajo custodia de ICE.
5. Brendy Yohana Bamaca-Zacarias, de 24 años y originaria de Guatemala, murió el 7 de septiembre de 2024, apenas cuatro días después de haber sido transferida a custodia de ICE.
6. Marie Ange Blaise, de 44 años y originaria de Haití, murió el 25 de abril de 2025, en el Broward Transitional Center, en Florida, mientras se encontraba bajo custodia de ICE.

Estos fallecimientos, aparecen en registros y reportes oficiales de ICE.

El caso de Roxsana Hernández, tiene un significado especial. Los propios documentos internos de ICE la describen como una mujer transgénero hondureña. Murió después de pasar por distintas instalaciones de CBP e ICE y de ser hospitalizada en Nuevo México. Su caso también deja ver lo complicado, que puede resultar rastrear estadísticamente las muertes de personas trans, cuando diferentes sistemas administrativos utilizan nombres, sexo o categorías de género de manera distinta.

El caso de María Celeste Ochoa Yoc de Ramírez, es todavía más revelador sobre los problemas que puede provocar una atención médica deficiente. Una investigación realizada por la ACLU, Physicians for Human Rights y American Oversight, encontró que el personal del centro de detención, no utilizó adecuadamente los servicios de interpretación en español. María Celeste, intentó comunicar que sentía que se estaba muriendo, pero sus palabras fueron interpretadas como una posible intención suicida. La colocaron bajo vigilancia por suicidio y en aislamiento, mientras su insuficiencia hepática continuaba avanzando.

No hace falta especular, sobre el deterioro que puede sufrir una persona estando detenida. El propio reporte de ICE sobre Brendy Yohana Bamaca-Zacarias señala que, cuando fue examinada al ingresar al centro de detención el 3 de septiembre de 2024, su examen físico y sus signos vitales fueron registrados como normales. Murió cuatro días después.

Estos son solamente algunos casos. Human Rights Watch y Physicians for Human Rights, documentaron que, entre el 20 de enero de 2025 —cuando Trump regresó a la presidencia— y el 4 de junio de 2026, al menos 52 personas murieron bajo custodia de ICE. De esas 52 personas, 51 eran hombres y una era mujer.

La cifra por sí misma, podría llevarnos nuevamente a pensar que, este es principalmente un problema de los hombres migrantes. Pero sería un error. Lo que también nos muestra, es lo lejos que estamos, de poder medir con precisión el daño que la política migratoria estadounidense provoca específicamente sobre las mujeres.

El problema se vuelve todavía más grave cuando, una persona muere después de ser liberada.

En junio de 2019, Johana Medina León, una mujer trans salvadoreña de apenas 25 años, murió en un hospital de El Paso, Texas. Había pasado más de un mes, bajo custodia de ICE y su salud se había deteriorado gravemente. El 28 de mayo, fue trasladada al hospital y ese mismo día, ICE formalizó su liberación. Murió cuatro días después. Su muerte no apareció entre las muertes bajo custodia contabilizadas por ICE, ese año.

Este caso nos obliga a preguntarnos: ¿qué ocurre con las personas cuya salud, se deteriora dentro de un centro de detención, son liberadas cuando ya están hospitalizadas y mueren días después? Si únicamente, contamos las muertes que ocurren mientras administrativamente una persona sigue bajo custodia, una parte de la historia simplemente desaparece.

Los menores están lejos de quedar fuera de esta ecuación. Su situación se complica porque, pueden pasar por distintas dependencias durante su recorrido dentro del sistema migratorio. En primera instancia, pueden quedar bajo custodia de CBP y posteriormente, cuando se trata de menores no acompañados, ser transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos, a través de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (HHS/ORR).

Algunos casos, han salido a la luz y muestran, porque hace falta mayor transparencia, sobre lo que ocurre con niñas, niños y adolescentes migrantes:

1. Jakelin Caal Maquin, niña guatemalteca de 7 años, murió en diciembre de 2018, después de haber sido detenida junto con su padre por la Patrulla Fronteriza.
2. Felipe Gómez Alonzo, niño guatemalteco de 8 años, murió también en diciembre de 2018, mientras se encontraba bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.
3. Carlos Gregorio Hernández Vásquez, adolescente guatemalteco de 16 años, murió en 2019, dentro de una estación de la Patrulla Fronteriza. Una investigación posterior del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, determinó que los agentes no realizaron los controles de bienestar con la frecuencia requerida.
4. Anadith Danay Reyes Álvarez, de 8 años, murió en 2023 mientras se encontraba bajo custodia de CBP. La niña tenía anemia falciforme y una condición cardíaca congénita. Su muerte, provocó cuestionamientos sobre la atención médica que recibió, durante los días que permaneció detenida.

Como podemos apreciar, la vida de las mujeres y los menores migrantes, no está exenta del peligro que enfrentan los hombres migrantes. Sin embargo, la falta de datos sólidos y completos, la dispersión de la información entre distintas dependencias y la ausencia de criterios uniformes para hacer públicos todos esos datos, impiden conocer con precisión la dimensión del problema.

No se puede proteger, a quienes ni siquiera son contados.

Mientras no existan datos precisos de cuántas mujeres, niñas, niños y adolescentes son detenidos, enferman, sufren abusos y cuántos pierden la vida durante o después de su paso por el sistema migratorio, el problema continuará siendo invisible. Y esto es alarmante, cuando ocurre justo, en medio de una de las ofensivas migratorias más agresivas de la historia reciente de Estados Unidos.