La brutalidad con la que ICE persigue a la comunidad migrante en Estados Unidos, es titular diario en diversos medios de comunicación estadounidenses y mexicanos. Sin embargo, no es un fenómeno nuevo en la historia de los flujos migratorios. La violencia, con la que son atacadas las personas desde el momento en que son expulsadas de sus comunidades, hasta que logran llegar a Estados Unidos —si es que logran llegar— es un hecho que se ha venido presentando de manera cada vez más violenta y también, más mediática.
Es necesario denunciar y recriminar estos hechos, pero de igual manera, debemos recordar que, al mismo tiempo que exigimos justicia para nuestros muertos en manos de ICE, debemos exigir justicia para los migrantes, que han perdido la vida en el camino. En esta materia, México tiene mucho trabajo por hacer. Organizaciones como Human Rights Watch, han documentado cómo migrantes que, transitan por México enfrentan extorsiones, secuestros y abusos por parte del crimen organizado e incluso de autoridades, mientras que las políticas de contención dificultan el acceso a rutas más seguras.
El INM, al igual que las autoridades migratorias de Estados Unidos, ha empujado a los migrantes a transitar por rutas cada vez más peligrosas; esto evidentemente ha traído consecuencias mortales. Entre estas consecuencias, está uno de los hechos más violentos y grotescos de la historia reciente de la migración: la masacre de San Fernando, Tamaulipas.
Entre los días 22 y 23 de agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres migrantes fueron asesinados en ese municipio. La masacre fue atribuida a la organización criminal de Los Zetas. Hasta ahora han sido identificadas 63 de las víctimas, originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil y la India, según la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Diversas nacionalidades, pero el mismo dolor por haber sido expulsados de sus hogares. Migrantes cuyo sufrimiento terminó, no sin antes haber padecido el terror del secuestro, la tortura y la muerte, que hoy se replica bajo otras circunstancias, en las calles estadounidenses.
Y así como denunciamos la impunidad en las acciones de ICE, los responsables de estos crímenes en México, han enfrentado años de investigaciones incompletas y justicia pendiente. La propia CNDH, continúa considerando la masacre como una grave violación a los derechos humanos; mientras que organizaciones que acompañan a las familias, han señalado que muchas preguntas sobre lo ocurrido siguen sin respuesta. Los escenarios cambian, pero el dolor que infligen, es el mismo.
Los 72 fueron secuestrados, igual que hoy vemos a migrantes detenidos por agentes de ICE enmascarados. Fueron extorsionados, robándose el poco dinero que ellos o sus familiares pudieron entregar para pagar el rescate; tal como el sistema migratorio estadounidense, despoja a los migrantes de sus ahorros en procesos que, en muchos casos, no resuelven su problema migratorio y sólo extienden el sufrimiento.
También, fueron utilizados para alimentar un negocio criminal, mientras que en Estados Unidos, la detención migratoria se ha convertido en un negocio multimillonario para empresas privadas. Reuters, informó que ICE, proyectó gastar 38,300 millones de dólares, durante 2026 en la ampliación y adecuación de centros de detención. Además, existe evidencia judicial de migrantes detenidos, trabajando por pagos de apenas un dólar al día: en el caso del centro de Tacoma, operado por GEO Group, una corte federal documentó que las personas detenidas realizaban labores de cocina, lavandería, limpieza y mantenimiento por esas cantidades.
La muerte de los 72 migrantes en San Fernando, no representa a los únicos inmigrantes que han encontrado la muerte en lugar del “sueño americano”. El descubrimiento de la masacre fue posible, gracias a uno de los sobrevivientes, quien herido de bala, logró llegar hasta un puesto de control de la Secretaría de Marina y denunciar lo ocurrido. La propia CNDH documentó este hecho, en su investigación sobre el caso.
Pero existen en México, cientos de fosas clandestinas, donde permanecen cuerpos sin identificar y entre ellos, pueden encontrarse personas migrantes, que quizá nunca sean buscadas por el gobierno, dejando los trabajos de localización a las madres buscadoras. El propio caso de San Fernando, mostró la magnitud del problema: meses después de la masacre de los 72, fueron encontrados 193 cuerpos, en fosas clandestinas de ese mismo municipio. La dificultad para identificar a las víctimas y relacionarlas con personas desaparecidas, mantiene oculta una parte del verdadero costo humano de las rutas migratorias.
Otra similitud con este caso, son los pronunciamientos de las organizaciones de derechos humanos que, sirven para convertirse en titular de ocasión y después se pierden ante la incapacidad del gobierno mexicano y la indiferencia del gobierno estadounidense, mandando una señal clara al mundo entero: los migrantes no son prioridad.
Asimismo, la violencia contra los migrantes, fue ampliamente advertida antes de San Fernando. Desde 2009, un año antes de la masacre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, había documentado la existencia de secuestros masivos de personas migrantes en México. En una investigación realizada entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, se registraron 198 eventos de secuestro, que afectaron a 9,758 personas. Es decir, el Estado mexicano, contaba con información sobre la magnitud del problema y sobre la enorme vulnerabilidad de quienes atravesaban el país.
Por su parte, las acciones represivas de Trump, contra la comunidad migrante, también tenían antecedentes visibles, desde su primer mandato. Su política de “tolerancia cero”, provocó la separación de miles de familias. El propio inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, concluyó que el gobierno no estaba preparado para aplicar esa política, que hubo menores retenidos durante periodos prolongados en instalaciones diseñadas para estancias breves y que, existieron graves problemas para identificar y unificar a las familias. Para su segundo mandato, se sabía que estas acciones podrían aumentar en la misma medida, en que se endurecía su discurso antiinmigrante. En marzo de 2026, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, incluso advirtió sobre el lenguaje “despectivo y deshumanizante” utilizado contra los migrantes y señaló que, presentarlos como criminales o como una carga, podía alimentar la discriminación y los crímenes de odio.
Como vemos, las acciones contra los migrantes, se dan en ambos lados de la frontera. Son acciones, que tienen una larga historia y actualmente la violencia con la que se les persigue, sigue provocando muertes. Los 72 migrantes cobardemente asesinados en San Fernando, son solo una parte de la enorme cantidad de personas que continúan perdiendo la vida en las rutas migratorias del mundo entero.
Y las cifras actuales en Estados Unidos, también obligan a mirar hacia allá. A principios de octubre de 2026, se contabilizaban 58 personas fallecidas bajo custodia de ICE o durante operativos migratorios, desde el inicio del segundo gobierno de Trump. El 19 de octubre, después de la muerte de Emiliano Andrade Covarrubias, en un centro de procesamiento de ICE en Laredo,Texas; la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que ya son 18 los mexicanos, fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios, desde el 20 de enero de 2025.
El dolor de las familias migrantes por perder a sus seres queridos, no es menor, independientemente de quién haya sido el perpetrador. Pero hay que distinguir la naturaleza del financiamiento en ambos casos. ICE opera directamente con recursos públicos aprobados por el Congreso estadounidense; de hecho, la legislación aprobada en 2025, destinó decenas de miles de millones de dólares adicionales, a la detención migratoria.
En el caso del crimen organizado mexicano, no puede afirmarse que el gobierno estadounidense haya financiado directamente a Los Zetas. Lo que sí está documentado, es la relación económica y material que existe con Estados Unidos: las organizaciones criminales mexicanas, obtienen parte de sus ingresos del mercado estadounidense de drogas y reciben armas traficadas ilegalmente desde ese país. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, documentó que alrededor del 70% de las armas recuperadas en México y enviadas a rastrear, entre 2009 y 2014 provenían de Estados Unidos.
La diferencia no es tan enorme, simplemente tienen diferente presentación: el crimen organizado obtiene recursos mediante mercados ilícitos, mientras que el financiamiento de ICE, ha sido aprobado abiertamente con recursos públicos por el Congreso estadounidense. Pero al final, para las familias que pierden a un migrante, ninguna explicación presupuestaria, política o criminal, disminuye el dolor de una vida que ya no regresa. Y peor aún, no se ve para cuando el dolor de los migrantes pueda disminuir. Porque detrás de cada migrante que muere, hay una familia destrozada, una vida que pudo salvarse y una responsabilidad que no puede quedar impune.

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