DERECHOS BAJO ASEDIO: CRISIS DEMOCRÁTICA Y EL RIESGO DE UN ÉXODO GLOBAL

Por Diego Torres

Hablar de migración en la coyuntura actual, es declarar que los derechos a escala mundial están en riesgo bajo la administración Trump podría parecer una exageración. Sin embargo, los hechos apuntan en sentido contrario. La violación sistemática de normas —legales, políticas y éticas— ha sido una constante en su trayectoria, y esa escalada se volvió más visible y alarmante a partir de su primer mandato. Este número se concentra en esa relación directa: cuando los derechos retroceden, el desplazamiento se acelera.

Los abusos durante su etapa como empresario no pueden atribuirse por completo a un solo individuo: responden también a un sistema permisivo, desigual y corrupto que le permitió a él —como a otros millonarios— beneficiarse y abusar del sistema sin consecuencias proporcionales. Pero como presidente de Estados Unidos, la lógica cambia: allí probó las mieles de un poder con contrapesos frágiles y, desde esa posición, ha impulsado una agenda que combina arbitrariedad, cálculo político y una ambición desmedida. Su proyecto no es menor: se sostiene en la idea de ejercer un poder personalista, casi monárquico. Y si no se frena a tiempo, sus consecuencias pueden costar la vida y el futuro a miles o incluso millones de personas.

Durante su primer mandato (2017–2021), enfrentó dos procesos de impeachment en la Cámara de Representantes. El primero fue por abuso de poder y obstrucción al Congreso: se le acusó de haber solicitado a Ucrania una investigación sobre Joe Biden, condicionando la entrega de ayuda militar que ya había sido aprobada por el Congreso. El argumento central era claro: usar su cargo para beneficio personal, dañar a un adversario político y, al mismo tiempo, obstaculizar la supervisión legislativa al no cooperar con la investigación.

El segundo impeachment fue por incitación a la insurrección tras perder las elecciones de 2020, en el contexto del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Actos y discursos previos y durante ese día alentaron a miles de personas a intentar impedir la certificación de los resultados electorales, es decir, a subvertir el proceso democrático y violentar su juramento de “preservar, proteger y defender la Constitución”. Aún con pruebas contundentes, fue absuelto en ambos casos.

Y esos no fueron los únicos señalamientos. Su gobierno estuvo envuelto en múltiples acusaciones que, por distintas razones, no siguieron su curso legal hasta el final. Un ejemplo es el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016: el reporte documentó numerosos contactos con Rusia; no estableció una conspiración criminal, pero tampoco exoneró al mandatario respecto a una posible obstrucción de la justicia. De hecho, se presentaron indicios consistentes con un patrón característico de su mandato: castigar o remover a quien no se alinea. El caso del entonces director del FBI, James Comey, fue emblemático.

Los años posteriores tampoco transcurrieron libres de escándalos e investigaciones. Se le imputaron decenas de cargos por retención y ocultamiento ilegal de documentos vinculados con defensa nacional, obstrucción de justicia y falsedad en declaraciones. Por otra parte, fue declarado culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales; y también se le declaró civilmente responsable por inflar de forma fraudulenta el valor de sus activos para obtener condiciones favorables en préstamos y seguros. En el ámbito sexual, la escritora E. Jean Carroll lo demandó por difamación y agresión sexual; fue declarado civilmente responsable y el caso derivó en una reparación económica millonaria.

En su segundo mandato, su desprecio por el marco legal no esperó ni un día. En las primeras horas firmó órdenes ejecutivas, algunas abiertamente controvertidas frente a la Constitución. Entre ellas, el indulto a más de mil personas vinculadas con el asalto al Capitolio, una violencia política que dejó muertos y decenas de heridos. Retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, reforzando una narrativa de negación del cambio climático. Y una de las decisiones más claramente contradictorias con el texto constitucional fue intentar eliminar la ciudadanía automática por nacimiento, en tensión directa con la Enmienda 14. A esto se suman acciones simbólicas y materiales de corte monárquico: incluso la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, un espacio histórico, como si el Estado fuera una extensión de sus caprichos.

Aunque estas medidas golpean directamente a la sociedad estadounidense, el peligro se proyecta mucho más allá. Las amenazas que muchos tomaron como gritos sin sustancia o promesas populistas para seducir a un electorado desesperado se han transformado en riesgos reales. Ya no se trata solo de retórica: la imposición de aranceles como mecanismo de castigo, el chantaje político y la presión abierta contra países que no se dobleguen a sus exigencias dibujan un escenario de inestabilidad global.

Donald Trump no solo viola normas internas; su conducta desborda hacia el orden internacional. En casa cuenta con el apoyo disciplinado del Partido Republicano y, para agravar el panorama, con la complicidad de sectores demócratas que han cedido en temas cruciales: presupuestos desproporcionados para la cacería de migrantes, recortes o bloqueos a políticas sociales esenciales, y márgenes cada vez más amplios para actuar militarmente sin controles democráticos efectivos. En el ámbito mundial, la reacción suele quedarse en declaraciones de rechazo: condenas que suenan firmes pero resultan vacías, incapaces de detener la maquinaria Trumpista. Así ocurrió con múltiples crisis recientes como el caso del genocidio en Palestina; así ocurre también con la continuidad de tragedias humanitarias ante una comunidad internacional que observa, condena, y al final permite, como el secuestro del presidente venezolano Nicolas Maduro.

Si este tsunami de abusos no se detiene, la migración crecerá en todas direcciones. Dentro de Estados Unidos, muchas personas podrían verse obligadas a desplazarse por la precarización de sus condiciones de vida, buscando sobrevivir en polos económicos como California o Nueva York —o incluso en estados como Arizona o Texas—, siguiendo la lógica de “migrar hacia donde aún hay trabajo, servicios y oportunidad”. Hacia el exterior, mientras persistan las causas estructurales —violencia, pobreza, desigualdad y crisis políticas— los flujos migratorios no disminuirán. Y si la agenda de dominación y confrontación escala, el mundo puede entrar en un ciclo de conflictos mayores: Rusia y China no se quedarán inmóviles frente a un Estados Unidos que pretende imponer su voluntad por la fuerza. La competencia imperial, la militarización y la desestabilización global solo producirán más pobreza, más violencia contra los más vulnerables y, por tanto, más migración.

Increíblemente, estamos ante una encrucijada histórica: de lo que ocurra en los próximos meses dependerá, en gran medida, la estabilidad del orden mundial. Hoy, esa estabilidad se encuentra en manos de un hombre que se presenta como líder fuerte, pero opera como un poder personalista, errático y peligroso; alguien que combina senilidad mediática con perversidad política, y que persigue el dominio sin medir consecuencias.