La muerte de los migrantes y la costumbre de mirar hacia otro lado

Por Diego Torres 

La violencia contra las personas migrantes en Estados Unidos, no es un asunto nuevo. Tiene raíces profundas. Desde que México perdió más de la mitad de su territorio, tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, la promesa de respeto a los derechos de los mexicanos que permanecieron en esas tierras, chocó con una realidad muy distinta. El tratado establecía garantías de ciudadanía, seguridad y propiedad; pero en la práctica esas protecciones se incumplieron con frecuencia. La propia Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, reconoce que muchos mexicanos perdieron tierras y protección efectiva, bajo el nuevo orden impuesto después de la guerra.

Con el crecimiento económico de Estados Unidos, esa violencia no desapareció: cambió de forma. La necesidad de mano de obra barata, convirtiendo a los trabajadores mexicanos, en la pieza central del campo estadounidense. El Programa Bracero, vigente de 1942 a 1964, permitió el ingreso temporal de millones de trabajadores, pero también dejó una historia de abusos, explotación y corrupción ampliamente documentada. Fuentes históricas y oficiales, señalan que el programa estuvo marcado por malos tratos y que, una vez terminado, la demanda de trabajo siguió siendo tan alta que muchos empleadores continuaron absorbiendo mano de obra mexicana por vías irregulares; justamente porque eso les permitía pagar menos y mantener a los trabajadores en mayor vulnerabilidad.

La reforma migratoria de 1986, tampoco resolvió el problema de fondo. La Immigration Reform and Control Act legalizó a cerca de 2.7 millones de personas, incluyendo una vía general para quienes, ya llevaban años viviendo en Estados Unidos y otra parte de los trabajadores agrícolas. Fue una regularización masiva, sí, pero no modificó la estructura económica que seguían necesitando trabajadores migrantes en condiciones precarias. Poco después, en los años noventa, la política fronteriza estadounidense, entró en una nueva etapa de endurecimiento, con la estrategia conocida como prevention through deterrence, que reforzó la vigilancia y empujó los cruces hacia zonas más remotas, más peligrosas y más mortales.

Es precisamente ahí, donde la violencia fronteriza se convierte también en una política de muerte. La dificultad para llegar a Estados Unidos, no eliminó los flujos migratorios; lo que hizo fue aumentar el riesgo del trayecto. La Organización Internacional para las Migraciones, documentó 686 muertes y desapariciones en la frontera entre México y Estados Unidos en 2022, convirtiéndola en la ruta terrestre migratoria, más mortífera del mundo. Y para 2024, la propia OIM reportó al menos, 1,233 muertes de personas migrantes en las Américas, una cifra que confirma, que la tragedia no es una excepción, sino parte del régimen fronterizo contemporáneo.

Si hoy hablamos de racismo, xenofobia y violencia institucional, Donald J. Trump, representa una de sus expresiones más agresivas. Su discurso, no sólo ha criminalizado a la población migrante; también ha contribuido a normalizar la idea de que los migrantes son una amenaza que debe ser contenida a cualquier costo. En ese contexto, deben entenderse las muertes ocurridas bajo custodia de ICE. Reuters reportó, que 31 personas murieron en custodia migratoria en 2025, la cifra anual más alta en dos décadas y que entre enero y comienzos de abril de 2026, ya se habían registrado al menos 17 muertes más. Entre esos casos, hubo migrantes mexicanos, como Royer Pérez Jiménez, de 19 años, fallecido en Florida y José Guadalupe Ramos, quien murió en marzo de 2026 en el centro de detención de Adelanto, California.

Estas muertes son especialmente graves, porque ocurrieron dentro de instalaciones bajo control del Estado. Es decir, no hablamos solamente del peligro del desierto, del río o del trayecto clandestino; sino del peligro dentro del propio sistema de custodia. Morir bajo vigilancia oficial, desmonta el argumento de que el riesgo está únicamente fuera de la ley o fuera del aparato institucional. También obliga a mirar de frente la responsabilidad de las autoridades. Tras la muerte de José Guadalupe Ramos, el gobierno mexicano denunció “fallas sistémicas” en el sistema de detención migratoria de Estados Unidos, anunció apoyo legal a las familias y planteó llevar estos casos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero incluso esa reacción, siendo necesaria, deja una pregunta incómoda. ¿Alcanza con una protesta diplomática, cuando la persona ya murió? ¿Alcanza con anunciar apoyo a las familias, cuando el daño es irreparable? Porque la muerte del migrante no comienza el día en que se certifica su fallecimiento. Empieza mucho antes: cuando fue expulsado por la pobreza, por la desigualdad, por la violencia o por la destrucción de las condiciones mínimas, para quedarse en su comunidad. Continúa cuando se le obliga a cruzar por rutas cada vez más peligrosas. Y culmina cuando, después de haber sido explotado o perseguido, su vida termina reducida a una estadística más. La discusión, entonces, no debería limitarse a cuántos han muerto, sino a qué sistema político, económico y moral ha hecho posible que estas muertes se vuelvan rutinarias.

La reflexión de fondo sigue abierta: ¿quién es responsable de estas muertes? ¿Sólo el agente, el centro de detención y/o la administración en turno? ¿O también los gobiernos que expulsan población y luego administran el dolor, como si fuera apenas un asunto consular? ¿Cómo se repara una pérdida así? No hay respuesta fácil. Lo que sí sabemos, es que mientras la política migratoria siga midiendo su éxito en detenciones, expulsiones y miedo, la muerte seguirá acompañando el camino migrante. Y mientras nos acostumbremos a mirar hacia otro lado, seguiremos enterrando personas y llamando a eso Política pública.